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Sobre el manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”

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No entiendo por qué un Ayuntamiento, por ejemplo, sí puede, sin autorización judicial previa, paralizar una obra ilegal o precintar un pub que inclumple la normativa sobre ruidos y sin embargo Cultura no puede cerrar cautelarmente una web de descargas ilegales, ojo, no cualquier web, previa denuncia de parte y comprobación de los hechos, y hacerlo además a través de un procedimiento administrativo en el que al ciudadano, en este caso el responsable de la página, se le da la posibilidad de hacer alegaciones, proponer prueba y recurrir, en su caso, a la vía judicial para impugnar la decisión administrativa (*).

Imagen de la reunión, tomada por uno de los asistentes, Jesús Encinar, en su Twitter

Afirman los suscriptores del manifiesto que con esta reforma el Gobierno no protege a los creadores, sino a una industria, la discográfica, basada en un modelo de negocio caduco, el del canon y el CD. Y a continuación añaden que lo que tiene que hacer esa industria es reconvertirse y cambiar el modelo de negocio.

Bien, pero mientras se encuentra esa solución, algo por cierto nada fácil, ¿cómo protegemos los derechos de autor?.

El problema, evidentemente, no se plantea sólo en España. Otros países han optado por la expeditiva vía de cortar la conexión al usuario. Cultura, más prudente, ha preferido bloquear cautelarmente las webs desde donde se realizan las descargas. ¿Dónde está el atropello? 

Otra cosa es que, como dice Enrique Dans, el Gobierno y las industrias interesadas estén intentando confundirnos con expresiones como “piratería” o descargas ilegales” cuando en realidad no se trata de nada de eso. Pero, ¿se trata o no se trata de eso? ¿es o no cierto que existen páginas donde se facilita el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor? Si es cierto, es decir, si se está vulnerando la legalidad, la medida me parece oportuna, aunque haya sido colada de tapadillo (mediante una disposición adicional de una ley, por otra parte, demasiado amplia) y sin un debate público previo. 

Pero, ¿y si no es cierto? Hay quien dice que, en puridad, no existen páginas de descargas ilegales, sino simplemente sitios o páginas que enlazan a otras páginas u ordenadores en los que pueden encontrarse los archivos protegidos. Y que además no existe ánimo de lucro ni en quien facilita el enlace ni en la persona que pone su archivo a disposición de los demás. De acuerdo, pero el tema sigue siendo complejo. Porque si se permite que los usuarios intercambien libremente sus archivos, o si éstos se abren directamente al público a través de la Red, será muy difícil retribuir de una forma justa al productor del contenido. De hecho, cuando se dice que la industria tiene que buscar modelos adicionales o alternativos no se especifica cuáles son esos modelos.

Por ello, mientras se encuentra esa solución justa y equitativa, no me parece mal la medida del cierre cautelar: no se puede permitir que, en el entretanto, los productores de los contenidos se queden mirando cómo los demás disfrutamos gratuitamente de su trabajo.

(*)Quienes sostienen que una página web es una publicación o un medio de información, algo cuando menos discutible, y que por tanto la decisión de su cierre supone una suspensión del ejercicio de un derecho fundamental que ha de ser adoptada mediante resolución judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Constitución, quizá olvidan que la propiedad intelectual también constituye un derecho fundamental en el que aquél encuentra uno de sus límites, por lo que, en el peor de los casos, nos encontraríamos en un supuesto de colisión de derechos ante el que, habida cuenta la lentitud actual de la justicia, no puede legislarse en favor del infractor, en este caso el autor de la página desde la que se realizan las descargas, que se beneficiaría así del largo tiempo que los jueces suelen tardar en pronunciarse. Y ello, insisto, porque las autoridades sólo actuarán a instancia de parte, tras comprobar la realidad de los hechos denunciados y con la posibilidad por parte del afectado de impugnar la decisión tanto en vía administrativa como judicial. Y sin perjuicio, además, de establecer un control judicial sumario cuando la justicia, de una vez por todas, se modernice y sea capaz de ofrecer una respuesta rápida. Mientras ello no suceda, el que se beneficia es el infractor.(*)

Written by Angel Guirao

diciembre 5, 2009 at 8:03 pm

Montes lanza un manifiesto a favor de la eutanasia

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“El enfermo debe tener la última palabra sobre su muerte”. Luis Montes, ex Jefe de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Madrid.

Para quien no lo sepa, la eutanasia activa consiste en suministrar, a un paciente que lo pide, un fármaco con el que acabar con su vida.

En cambio, en el suicidio asistido el fármaco se entrega al propio paciente para que sea él mismo quien se dé muerte.

Actualmente tanto la eutanasia activa como el suicidio asistido son constitutivos de delito (es el caso de la película “Mar Adentro”). El objetivo de esta campaña es despenalizar ambos supuestos. Sus promotores dicen que con una buena regulación se acabarán las prácticas clandestinas y se garantizará el derecho a una muerte digna.

Y aunque el doctor Montes (para algunos el “doctor muerte” o el “asesino de la bata blanca“) insiste en que se trata de un derecho (como es lógico, ninguna de estas dos soluciones se puede imponer a un enfermo terminal), es evidente que esta iniciativa se va a encontrar con la oposición cerrada de ciertos sectores (las asociaciones ProVida ya han anunciado actos de protesta)

Yo, en principio, estoy a favor de esta propuesta, pero creo que se debe producir un debate sereno y riguroso, no sólo en el ámbito político, sino también en la propia sociedad, antes de modificar la legislación actual.

Written by Angel Guirao

julio 24, 2008 at 6:00 pm

El manifiesto, la otra versión

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Written by Angel Guirao

julio 7, 2008 at 5:00 pm