El Tribunal Supremo aclara que no existe un derecho de objeción de conciencia en relación con la EPC

Confieso que me ha sorprendido el hecho de que los magistrados hayan tardado nada menos que tres días en llegar a un acuerdo sobre el texto de la sentencia. Entiendo que haya quien lo vea de otro modo (de hecho, la resolución tiene siete votos particulares), pero para mí la cuestión estaba clara desde el principio: en nuestro ordenamiento jurídico no existe un derecho genérico a la objeción de conciencia. Tampoco lo existe en relación con la asignatura de EPC. Haberlo avalado hubiera supuesto abrir las puertas a la insubordinación cívica. 

Los opositores han anunciado que recurrirán. Están en su derecho, pero en el Constitucional el debate se producirá en términos algo distintos. No se tratará tanto de saber si existe o no el derecho de objeción (de si se desprende de alguna manera del texto constitucional) sino de dilucidar si la asignatura vulnera otro derecho, el de los padres a elegir la educación moral de sus hijos. Son cosas distintas.

Casi con toda seguridad el alto Tribunal acabará concluyendo que la asignatura, en sí misma, no vulnera ese derecho constitucional de los padres, sin perjuicio de que algún profesor concreto, pero no sólo de Ciudadanía, aproveche una clase para adoctrinar a los alumnos, en cuyo caso habrá que denunciar, como es lógico, al profesor o al centro. Lo mismo respecto a un manual concreto.

En fin, mientras el debate jurídico se circunscribe cada vez más a sus propios términos, el ruido político se va apagando lentamente. Sobre todo porque el Partido Popular ya no parece dispuesto a secundar a la Iglesia en sus movilizaciones. Está bien que así sea, no sólo porque las leyes y las sentencias están para cumplirlas y acatarlas, sino porque ya iba siendo de abandonar el ridículo político consistente en oponerse, en algunos casos de manera grotesca, a una asignatura que lleva años funcionando en Europa con normalidad.