La Carretera

El TSJA reabre el debate sobre la EPC

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido el derecho de unos padres de Bollullos del Condado (Huelva) a ejercer la objeción de conciencia en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La sentencia, que no otorga un derecho con carácter general, sólo afecta a este caso concreto.

Pero el tribunal tiene varios recursos más sobre la mesa. Y es previsible que miles de padres se animen ahora a impugnar la asignatura. A lo que hay que añadir, lo digo sin ninguna connotación, que el cardenal Rouco Varela, significado y combativo opositor de ésta y otras iniciativas del Gobierno Zapatero, acaba de ser elegido presidente de la Conferencia Episcopal.

Mariano Rajoy ha dicho que la sentencia “Es un triunfo de la libertad, de los padres y de las madres y de las familias españolas. Libertad, esta es la palabra. Yo quiero educar a mis hijos como yo quiero. No me tiene que decir ningún burócrata cómo educarlos”.

No comparto las palabras de Mariano Rajoy.

Vaya por delante que a mí no me gusta nada la EPC porque entiendo que resta horas a otras asignaturas bajo mi punto de vista más provechosas para la educación de los alumnos. Soy de los creen que a los niños no hay que enseñarles lo que tienen que pensar, sino enseñarles a pensar.

Dicho esto, no creo que la EPC vulnere el derecho de los padres (reconocido en el art. 27. 3 C.E.) a elegir la formación ideológica y religiosa que deben recibir sus hijos. Y no lo creo porque he leído los contenidos de la asignatura y no he visto que se adentren en el terreno de la moral privada. No pienso, honestamente, que se traspase esa delicada línea en ningún momento. En mi opinión, la asignatura se limita a instruir sobre valores cívicos y derechos ciudadanos, y esto, además de ajustarse al ordenamiento jurídico, es perfectamente compatible con la opción política, religiosa e ideológica de cada padre. De hecho, la asignatura se puede adaptar, y se está haciendo sin problemas, al ideario ideológico de cada centro.

El propio artículo 27.1 CE señala que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Por ello, en la medida en que la asignatura se limite a instruir sobre esos valores de convivencia democrática (en forma de principios o derechos), no vulnera, siempre bajo mi punto de vista, el ordenamiento vigente. Insisto, cosa distinta es que la EPC guste más o menos o que se considere más o menos necesaria.

La sentencia del TSJA se desmarca del criterio de otras Salas (Asturias y Cataluña) y opera una especie de giro copernicano en esta cuestión:

El TSJA invierte la carga de la prueba y viene a decir que no son los padres quienes tienen que probar qué contenidos concretos de la EPC vulneran su derecho a elegir la libertad de religiosa de sus hijos (es decir, qué contenidos entran en el terreno de la formación moral o religiosa de los alumnos), sino que es el Estado (a través de los centros docentes) el que tiene que garantizar que ello no sucede suministrando a los padres la información necesaria para que éstos (los padres) puedan ejercer plenamente su derecho. Y mientras no lo haga (es decir, mientras el Estado no les facilite toda la información que permita a los padres comprobar que la asignatura no se adentra en el terreno de la moral privada), los padres tienen derecho a oponerse alegando razones de conciencia.

En el caso de marras, los padres, según el tribunal, no tenían información suficiente para saber si la asignatura interfería en la moral privada de los niños.  Además, dice la Sala, en los Reales Decretos (por los que se aprueba y regula la asignatura) se emplean conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa como son ética, conciencia moral y cívica, valoración ética, valores, conflictos.

La conclusión del TSJA no es que haya quedado demostrado que la EPC entra (en el caso concreto) en el terreno de la formación moral y religiosa del hijo de los demandantes, sino que ha quedado probado que el Estado no ha garantizado a los padres los instrumentos necesarios para que éstos estén en disposición de ejercer su derecho, es decir, de saber si la asignatura entraba o no en ese terreno.

Insisto, no me gusta la EPC y respeto profundamente las resoluciones judiciales, pero creo que esta sentencia es un error y estoy convencido de que el Tribunal Supremo lo enmendará. Lo creo por lo siguiente:

1º) Si alguien pretende que se declare que una norma en vigor (aprobada válidamente) infringe el ordenamiento jurídico, es esa persona la que tiene que acreditar la vulneración, pues de lo contrario se impone a la parte contraria la carga de la prueba diabólica, es decir, se le obliga a probar lo que no se puede probar, que es la no vulneración.

Además, se debe presumir siempre, por una mera cuestión de orden y de seguridad jurídica, que las normas en vigor respetan el ordenamiento jurídico, de manera que los operadores jurídicos están obligados a aplicarlas hasta tanto no se acredite la vulneración. En el caso contrario se paralizaría la sociedad. Imagínese el caso de cualquier juez, médico, abogado…que se nieguen a cumplir un mandato jurídico por razones de conciencia (en esto consiste el derecho a objetar) y se les permita suspender su cumplimiento hasta tanto se demuestre que la norma es contraria a derecho. Ello provocaría un colapso o parálisis general. Por ello, el propio ordenamiento dispone lo contrario: las normas son válidas, y por ende obligatorias, hasta que se demuestre lo contrario

2º) No comparto el criterio de la Sala cuando afirma que los padres, en este caso concreto, no tenían suficiente información para saber si la EPC vulneraba o no su derecho ( a elegir la formación religiosa e ideológica de su hijo), porque es evidente que cualquier persona puede ver los contenidos del programa, no ya en el propio centro docente, sino simplemente accediendo a la página web del MEC. Ahí están los contenidos expuestos para que se señale en qué parte del programa (qué bloque temático, qué contenido concreto) entra en el terreno de la moral o los valores privados. Y descendiendo al caso concreto, siempre se puede acudir a cada manual (de los muchos que hay) y a cada centro para ver en qué concreta parte se produce esa injerencia en el terreno privado.

3º) Por último, creo que la Sala confunde lo que es hablar de valores (estrictamente) con transmitir esos valores. Dice el Tribunal que en los Reales Decretos “se emplean conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa“. Pero, digo yo, una cosa es emplear esos conceptos y otra muy distinta transmitir unos valores determinados. Hablar de religión (de la libertad religiosa como un derecho, de la dimensión histórica de las religiones…) no implica una toma de postura a favor o en contra de ningún credo religioso. De hecho, como he dicho antes, la EPC se adapta sin problemas al ideario de cada centro.

4º) En resumen, creo que el Tribunal se equivoca porque invierte incorrectamente la carga de la prueba, y porque además no son ciertos, siempre según mi opinión, los presupuestos de hecho (que no se suministró información suficiente a los padres para ejercer el derecho del artículo 27.3 CE) sobre los que basa la resolución. Tengo la convicción de que el Tribunal Supremo revocará esta sentencia y dirá que en este caso no entra en juego el derecho a la objeción de conciencia de los padres al no haber quedado acreditado que la EPC se haya adentrado en el terreno de la moral privada del alumno.

5º) Para que no quede ninguna duda acerca de mi opinión en esta materia, termino repitiendo que no me gusta la EPC pero creo que, en general y sin perjuicio de casos concretos, que pueden existir pero que hay que acreditar judicialmente (señalando los contenidos concretos que sí entran en el terreno de los valores privados), la asignatura es perfectamente válida y ajustada al ordenamiento jurídico.

Enlaces de interés

La sentencia se puede ver íntegramente (no es demasiado larga) pinchando aquí

Contenidos de la asignatura. Web del MEC

Web del Observatorio para la Objeción de Conciencia (en contra de la EPC)

Webl del Foro español de la familia (en contra de la EPC)

Materiales didácticos para la EPC. Es una web de profesores de EPC.

Opinión de José Antonio Marina (a favor de la EPC)

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Written by Angel Guirao

marzo 5, 2008 a 7:10 pm

10 comentarios

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  1. Ángel, no he seguido leyendo porque no me da tiempo, dices que la asignatura se opuede adaptar al “ideario ideológico de cada centro”, esto parece ya la República Popular China. ¿Para que sirve entonces la asignatura? La mayor prueba de que eso no es una asignatura es que se puede adaptar a idearios … Pero bueno, yo creía que la política era una cosa de adultos y que a los niños no se les debía enmierdar con ella, en primer lugar porque al no tener un mínimo de madurez son muy vulnerables.
    Según la sentencia es el Estado el que debe especificar cuáles son los contenidos de la materia, lño que no hace en este caso, precisamente para que los padres tengan la oportunidad de objetar.
    Luego nos vemos.

    MAIKEL

    marzo 6, 2008 at 7:36 am

  2. Miguel, antes de nada. No pretendo enredarme en una discusión sobre la asignatura (de todas formas he dicho POR ACTIVA Y POR PASIVA que no me gusta y que prefiero que a los niños les enseñen a pensar, y no lo que tienen que pensar).

    Pero, insisto, este post no tiene por objeto (principal) una crítica a la asignatura sino una crítica a la sentencia del TSJA. El debate que propone el post es eminentemente jurídico.

    Un saludo.

    Angel Guirao

    marzo 6, 2008 at 9:02 am

  3. Perdona Ángel, como dije en mi comentariosólo había llegado hasta lo del ideario. Jurídicamente:
    1ª.- Creo que los padres no pretenden en absoluto que se declare que una norma en vigor infringe el ordenamieto jurídico, si no estoy equivocado lo que pedían era que se reconociese su derecho a ejercer la objeción de conciencia. Como muy bien dices la sentencia no resuelve más que el caso croncreto de esta gente, y para nada se ha valorado si la norma es legal o no. La objeción deconciencia es un derecho frente a normas en vigor y válidas.

    2ª.- Por tanto lo que se debe valorar es si la aplicación de esa norma puede entrar dentro del ámbito de la conciencia de cada ciudadano y por tanto es legal la objeción de conciencia, que no la ley. Hace tiempo entré por indicación tuya en la página del MEC y ya me preció que, no por casualidad, allí no había ningún contenido concreto. Por lo que difícilmente podría un padre señalar algo concreto que perturbase su conciencia y su derecho constitucional a elegir la educación moral de sus hijos.
    3ª,.- Tratar la forma en que se desarrollar las relaciones familiares me parece que no es hablar por hablar.
    4ª.- Mi impresión es la contraria.
    5ª.- AL objeción de conciencia sólo procede frente a leyes legales.
    Un saludo.

    MAIKEL

    marzo 6, 2008 at 5:02 pm

  4. Miguel, muchas gracias por tu magnífico comentario. Reconozco que el post contiene un error, repetido en varias partes.

    1º) Efeccitamente, como apuntas, los padres no pretenden que se declare que la ley infringe el ordenamiento jurídico. Lo que pretenden los padres es que se les otorgue un derecho a objetar contra una norma que es válida, pues en eso consiste justamente el derecho a objetar.

    Pero para interesar el reconocimiento de ese derecho, los padres pretenden que se declare que la norma vulnera su derecho del artículo 27.3 CE.

    Fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia: “Exponen los demandantes que la asignatura vulnera sus derechos fundamentales a educar a sus hijos en la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones y a libertad ideológica y religiosa. Los motivos de esta vulneración..”

    2º) Lo que se debe valorar, en efecto, no es si la ley vulnera o no el ordenamiento, si no si existe un derecho a objetar precisamente porque esa norma es válida. Pero para que se pueda otogar ese derecho (a objetar) es preciso que se pruebe que la norma en cuestión (que es válida) colisiona con otro derecho, el del artículo 27.3, pues de otro modo no cabe la objeción. El presupuesto del derecho a la objeción de conciencia en relación con la EPC es que la norma vulnere los derechos de los padres (a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos, derechos establecidos en los artículos 27.3 y 16.1 CE) porque la EPC se adentre en el “claustro privado de las creencias”.

    Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no?

    3º) La cuestión queda pues constreñida a determinar si la EPC entra o no en el ámbito privado de los valores y, en consecuencia, colisiona con los derechos de los artículos 16.1 y 27. 3 CE. Si ello sucede, sí cabría otorgar el derecho a la objeción. En caso contrario, no.

    Ya sé que tú entiendes que la EPC sí se adentra en ese terreno. Yo no. Creo que no vamos a ponernos de acuerdo jamás.

    Pero en lo que sí podemos acercar posturas es en las razones invocadas por el Tribunal:

    ¿tú crees que es de recibo decir que no hace falta demostrar que la EPC se mete en el ámbito privado? Eso es lo que dice la Sala. Yo entiendo que si los demandantes no demuestran esa intromisión, no pueden tener acceso al derecho. En caso contrario sí.

    Entonces, como no lo demuestran, el TSJA, siempre en mi opinión, hace una pirueta y dice que no es necesario probarla (la intromisión).

    Esto, para mí, es regalar el derecho a la objeción de conciencia.

    4º) La mía sigue siendo la misma.

    5º) Así es Miguel, el derecho a la objeción de conciencia sólo se ejerce contra normas válidas. Lo que quería decir es que, en mi opinión, la asignatura no da pie al derecho de objeción porque no entra en el terreno privado de los valores

    Angel Guirao

    marzo 6, 2008 at 5:57 pm

  5. Has conseguido que me lea sentencia. De acuerdo en 1º, 2º, 4º y 5º. Queda el 3º: Creo que la Sala no dice que no haga falta demostrar que la EPC invade el ámbito de lo privado.
    La Sala afirma que a lo que los padres tienen derecho es a saber qué es lo que se les va a enseñar a sus hijos para, precisamente, poder ejercer su derecho a la educación moral de sus hijos comprobando que no se invade su esfera íntima. Y dice la sentencia que ni la Ley que impone la asignatura ni los RD que la desarrollan especifican los contenidos, y que en ellos hay conceptos genéricos como ideología, moral, etc, … que como muy bien dices podrán invadir el ámbito de lo privado o no según se desarrollen. Pues bien, lo que dice la sentencia es que si no se permite a los padres conocer el concreto contenido de la materia se les impide valorar si están de acuerdo o no con su contenido y por tanto se vulnera su derecho fundamental a la libertad ideológica y de conciencia. En el anterior comentario decía que no creía que fuese casuallidad que el programa fuese inespecífico, es genérico para poder oponer a los padres que no especifican qué materia concreta vulnera sus derechos. Y esto es lo que el TSJ, a mi juicio perfectamente, no admite y es la estrategia que desmonta, la estrategia del Poder.
    Luego al primera obligación es para el Estado, una vez que el Estado cumpla diciéndome qué es lo que concretamente va a enseñar a mi hijo yo tendré que demostrar qué es lo que concretamente inavade mi intimnidad y vulnera mis derechos. Si el Estado se limita a ser genérico, yo también puedo ser genérico.
    Un ciudadano no tiene por qué fiarse de que la “autoridad” va a ejecutar la Ley respetando sus derechos. Y eso es lo que resuelve el TSJA, por cierto con base en la doctrina del TC, y en una sentencia del TEDH. Perdón por la extensión de este post. Saludos nenes.

    MAIKEL

    marzo 6, 2008 at 6:37 pm

  6. Perdona, Ángel, termino. Yo no mantengo que una asignatura como EPC siempre vaya a inferir en asuntos privados. Mantengo que es un instrumento perfecto para ello. Y mantengo que el poco beneficio que pudiera aportar no merece el grave riesgo de su utilización política, y lo más repugnante es que es sobre niños. Por tanto, no siendo necesario no quiero otro instrumento más en manos del poder. Joé, Ángel, ¡Qué el objetivo es establecer una moral común que supere a las demás! Por tanto, puede que sí o puede que no. Pues no quiero dar ninguna oportunidad a que sea que sí. Estamos hablando de derechos fundamentales, derechos humanos. Un saludo.

    MAIKEL

    marzo 6, 2008 at 6:46 pm

  7. Miguel, dos cosas respecto a tu penúltimo comentario:

    1º) La Sala utiliza la doctrina del TC y del TEDH para decir que no es necesario que el derecho a la objeción esté reconocido expresamente. Dice que, según el TC y el TEDH se puede inferir de los artículos 27.3 y 16.1 CE. Hasta ahí bien.

    2º) No comparto el penúltimo párrafo de tu comentario. El contenido sí está especificado. Otra cosa es que no guste. A mí no me gusta

    Totalmente de acuerdo con tu último comentario. La EPC se presta al riesgo que estamos comentando. Es otra de las razones por las que no me gust.

    Angel Guirao

    marzo 6, 2008 at 7:02 pm

  8. Ángel estamos de acuerdo en casi todo, permíteme que diga la última palabrica, seré breve porque me acabo de enterar de que el Murcia ha fichado a Clemete y quiero leer tu opinión.
    Dices que sí está especificado el contenido. A ver, ¿Me puedes decir en qué consiste el apartado “formar en relaciones familiares”? Me tendrán que decir si para el “maestro” la relación familiar debe ser una democracia, si en la familia todos somos iguales y mi padre es mi colega o si les van a enseñar que hay que obedecer a los padres, que se les debe respeto, etc, … Otro ejemplo: las relaciones con el “entorno”, me tendrán que decir si les van a contar que tienen que cepillarse cuanto antes a todo el que puedan o, por el contrario les vana explicar otras cosas. Si les van a contar que al homosexualidad es lo mejor y es normal y saludable que se enrollen con sus amigos del mismo sexo o no. Por que da la casualidqad de que a lo mejor yo no tengo al misma concepción que ZP y De La Vega, ni de la familia ideal ni de los amigos ideales. Esas especificaciones son necesarias y “tratar las relaciones en el entorno familiar” es genérico a tope, no puede serlo más.
    Bueno chaval, voy a por Javi Clemente y adelanto que me gusta. Para tener a una copia mejor fichamos al original. Un saludo.

    MAIKEL

    marzo 6, 2008 at 9:42 pm

  9. Miguel, no me importa que digas la última palabrica, es más me gusta que sea así.

    Sólo quiero matizar algo sobre lo que estuvimos debatiendo ayer:

    Decías, decíamos, que los padres no pretendían que se declarase que la ley vulnera el ordenamiento jurídico sino solamente que a ellos se les reconozca un derecho a objetar el cumplimento de esa norma (válida) por razones de conciencia.

    No es exactamente así, Miguel.

    Porque los padres dicen que la EPC vulnera el derecho del artículo 27.3 CE. Lo dicen ellos, no yo. Nos paramos un momento aquí. Insisto, este es el planteamiento de partida: la EPC vulnera nuestro derecho del artículo 27.3 CE.

    Vale, entonces la sentencia hace el razonamiento que ya hemos comentado: no se trata de probar que la EPC vulnera ese derecho, dice la Sala, sino de que el Estado no ha cumplido antes su obligación de suministrar información, por lo que, como los padres no están en disposición de ejercer su derecho, consideramos que en este caso sí está justificado (tienen derecho a) objetar. Bien, estemos o no de acuerdo con esta argumentación, (que no lo estamos) es la que utiliza la Sala.

    Sólo quería decir, y perdón por la extensión del comentario, que los padres SÍ dicen que la EPC vulnera un derecho (27.3) recogido en la Constitución. Y lo dicen precisamente para justificar su derecho a objetar (no tendrían por qué hacerlo pero lo hacen). Luego ellos sí están poniendo en duda la constitucionalidad de la ley porque si esa ley, que es una L.O., vulnera un derecho recogido en la constitución, hay que declararla inconstitucional. O sea, no se trata de que les concedan un derecho a objetar una norma válida, es que dicen que esa norma es inconstitucional porque vulnera su derecho del 27.3 CE.

    Este es el planteamiento que han elegido los padres y ése es el lugar al que lleva. ¿había otro camino posible? Vamos a verlo.

    Los padres podrían haber optado por otra vía: decir que la ley es constitucional (que no vulnera el 27.3) pero que ellos, precisamente por eso, solicitan un derecho a objetar. ¿cabe entonces reconocer ese derecho? La Sala dice que, aunque no esté recogido expresamente, se puede inferir del contenido de los articulos 16 y 27.3 CE. Y entonces invoca la jurisprudencia del TC, del TS y del TEDH. En todos los casos que mencionsa existe una colisión o contradicción entre la norma que se trata de objetar (militar, sanitaria..) y los derechos de libertad ideológica y religiosa. Y así lo termina reconociendo la Sala: “Podemos concluir que en el Ordenamiento Jurídico Español, la ley puede regular el derecho a la objeción de conciencia pero la falta de regulación de reconocimiento legislativo no puede impedir su ejercicio cuando ESTAN EN JUEGO DERECHOS FUNDAMENTALES”

    Por tanto, según la Sala, aunque el derecho a objetar no esté reconocido expresamente, se puede inferir del 16 y 27.3 CE pero siempre y cuando, como es lógico, se acredite que la norma que se pretende objetar ENTRE EN EL CLAUSTRO INTIMO DE LAS CREENCIAS, es decir, siempre que ENTREN EN JUEGO (que haya colisión o conflicto) otros derechos fundamentales 16 y 27.3 (libertad religiosa e ideológico). Y es ahí donde el TSJA dice que no es necesario que los padres, para acreditar esa colisión, demuestran que la EPC ha entrado en el claustro de las creencias, sino que es suficiente, para otorgarles el derecho, con apreciar que el Estado no ha cumplido su deber previo (suministro información) para entenderlo justificado. Tú ves correcto el razonamiento de la Sala y yo no porque entiendo que sí existe esa información suficiente, de manera que son los padres los que tienen que acreditar el presupuesto del derecho: que se mete en el terreno de los valores privados.

    Pero aquí hay otra cuestión: si se acepta el criterio del TSJA, se está abriendo indiscriminadamente la veda para no cumplir las leyes. Bastaría que cualquier médico o juez invoque razones de conciencia para no aplicar la ley. Si, según la Sala, no es necesario que el derecho a objetar esté reconocido legalmente, sino que es suficiente que se acredite que la norma en cuestión (la que se pretende objetar) colisiona con las creencias privadas, estaríamos dejando al arbitrio individual el cumplimiento de muchísimas leyes. No quiero ni pensar la de médicos y jueces que estarían habilitados para no cumplir la ley. Esto, obviamente no puede ser, la ley obliga a todos a su cumplimiento y sólo debe existir un derecho a objetar cuando esté reconocido de forma expresa.

    ¿sabes cómo creo yo que el TS va a cerrar este asunto? Diciendo que sólo existe el derecho a la objeción de conciencia (con carácter general) cuando esté reconocido expresamente. Y que, en el caso de la EPC, no existe ese derecho (porque no está reconocido) sin perjuicio de que se acredite (en general o en el caso concreto) que la EPC entra en terreno de la moral privada, en cuyo caso, no es que exista un derecho a objetar, sino que la ley es inconstitucional por vulnerar los derechos 16 y 27.CE. Me imagino que el TS va a decir que la EPC no vulnera esos derechos porque no traspasa esa línea.

    Cielo santo, me va a dar algo.

    Saludos

    Angel Guirao

    marzo 7, 2008 at 8:44 am

  10. Esta muy bien todo y habrá que esperar pero la guerrilla no es sólo jurídica. De hecho el objetor pasa, el profesor objetor se burla de la asignatura, cada uno hace lo que quiere. Al final pierde fuerza el estado por a vía de los hechos más alla de la legalidad. Así estamos.


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